Después de meses de descuido, Colombia reapareció repentinamente en el radar de Washington. El Congreso estadounidense reabrió el debate acerca del papel de Estados Unidos en el conflicto colombiano. El mismo día en que el Comité de Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes sostuvo una audiencia sobre el conflicto, las Farc se acreditaron la masacre de 34 campesinos que, al parecer, trabajaban en cultivos de coca al cuidado de las Auc. Pero Washington no debe concluir que el conflicto colombiano va por mal camino. En realidad, este atroz evento muestra una insurgencia seriamente debilitada, pero peligrosamente desesperada.

Estados Unidos aporta cerca de 700 millones de dólares cada año al país por concepto del Plan Colombia. Este programa ha evolucionado de manera sostenida hacia un apoyo contrainsurgente más directo. El Senado autorizó un incremento del número de asesores militares y contratistas estadounidenses en Colombia, después de que la Cámara de Representantes redujera el número originalmente solicitado por el Gobierno. Una comisión de conciliación tendrá la última palabra al respecto. Dado que el Plan Colombia expira el próximo año, este es el momento para que Estados Unidos redefina su estrategia en Colombia.

Lo cierto es que el conflicto colombiano se ha transformado dramáticamente en los últimos dos años. Esto es evidente de acuerdo con una base de datos que construí durante ese lapso junto con Jorge Restrepo y Juan F. Vargas.

¿Qué muestran las cifras? Primero, que el Eln es una fuerza desgastada. Sus ataques han caído sostenidamente desde el 2000 y ahora apenas se registra como un factor en el conflicto. El Eln iniciará negociaciones de desmovilización desde una posición de severa debilidad, lo cual no quiere decir que está derrotado.

Segundo, los paramilitares han sido los mayores responsables por las muertes de civiles en los años recientes. Sin embargo, hace dos años los paramilitares asesinaban civiles a una tasa tres veces superior a las veinte personas que asesinan cada mes hoy. De hecho, el actual nivel es el menor desde 1988.

Tercero, las fuerzas del Gobierno están golpeando con contundencia a las Farc. La frecuencia de los enfrentamientos con las Farc en los últimos dos años ha llegado a niveles inéditos. Más aún, la relación entre soldados y guerrilleros muertos muestra una continua mejora: en los combates caen cada vez menos soldados en relación con las bajas causadas a la guerrilla.

Estos últimos dos puntos están estrechamente ligados. La actividad paramilitar estalló entre 1996 y el 2002, cuando las guerrillas tomaron ventaja en el conflicto. Esto fue desastroso para la población civil, dadas las sucias prácticas del accionar paramilitar. Ahora que el Gobierno ha retomado la iniciativa, los civiles son quienes se benefician del declive paramilitar.

Nuestros datos muestran también que las Farc han llevado siempre las de ganar en los enfrentamientos con los paramilitares, lo que incita a una pregunta obvia. ¿Por qué los paramilitares siguen en este enfrentamiento cuando poco afectan a las Farc, mientras que el Gobierno sí lo hace? Varias razones se han dado para explicar por qué se han abierto las negociaciones con las autodefensas, pero no se ha mencionado la posición de su debilidad militar. Esto sugiere que las Auc podrían estar en una posición de negociación menos ventajosa que la que comúnmente se cree y que de ello podrían extraerse concesiones importantes.

El Plan Colombia ha ayudado a que Colombia haya logrado estos resultados. Los cultivos de coca en el país se han reducido a la mitad, lo cual necesariamente ha debido asfixiar las finanzas de los grupos armados ilegales, justo cuando el Plan Colombia ha llegado a su mayor efectividad. Permitirles a estos grupos tomar aire en este momento clave sería una irresponsabilidad.

Estados Unidos debe continuar financiando los programas de erradicación e interdicción que están en marcha. Pero también debe apoyar decididamente los esfuerzos colombianos para llevar la presencia estatal a todas las regiones del país y restarles terreno a los grupos armados ilegales. Esto supone una enorme expansión de las instituciones de policía, justicia y de protección de los derechos humanos.

Cuando el Estado está presente y se responsabiliza por proveer seguridad, menos personas mueren, son secuestradas o desplazadas. El Gobierno colombiano actual está más decidido a afrontar este reto que lo que cualquier otro lo había estado. La población lo apoya mayoritariamente en esta área y Estados Unidos también debería hacerlo.

* Profesor de economía en el Royal Holloway College de la Universidad de Londres